El PSOE de Aljaraque (Huelva) ha manifestado este miércoles que el concejal de Festejos del Ayuntamiento, Juan Antonio Ramos (PP), debería presentar su dimisión de "inmediato" tras archivar el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva la denuncia que formuló en su día contra dos trabajadores despedidos por un presunto delito de atentado de lesiones en los oídos, perpetrado supuestamente mediante el lanzamiento de un petardo contra el concejal.
   El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Aljaraque, José Martín, ha manifestado en una nota de prensa que del archivo de la denuncia se desprende que "todo apunta a que se trata de una falsedad por parte de este edil, ya que deja claro en sus fundamentos que nadie vio al concejal en el lugar de los hechos el día señalado, pese a su notoriedad por la condición de miembro del equipo de gobierno". "Por tanto, difícilmente pudo ser objeto de ninguna agresión", ha dicho.
   A su juicio, "es intolerable que un responsable público, que debe ser el primero en promover la concordia, mediante un actuación justa, responsable y sosegada, utilice estas aparentes argucias para perjudicar aún más a dos personas a las que, previamente, se había despedido". Es más, José Martín ha apuntado a la "crueldad evidente" pretender que esas personas pudieran haber sufrido hasta penas de prisión, "dada la condición de cargo público del supuestamente agredido".
   Según ha remarcado José Martín, "la intención del PP era usar esta denuncia y una posible condena como ejemplarizantes para reprimir cualquier protesta posterior".
   Para el PSOE de Aljaraque, "todo esto forma parte de la estrategia de coacción que el PP de Aljaraque dirigido por el alcalde, David Toscano, ha iniciado contra los trabajadores municipales, en especial, contra los despedidos que han manifestado de manera clara su protesta". Es más, --ha enfatizado el dirigente socialista--, estas acciones ya se han visto reflejadas en otra serie de hechos como desalojos del salón de actos por mandato del alcalde, toma de datos de trabajadores que protestaban con objeto de formular denuncias posteriores o sanciones administrativas".
   José Martín ha reprochado que "desde el Gobierno central, con el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, hasta gobiernos locales como el de Toscano en Aljaraque quieran reducir las libertades ciudadanas a su mínima expresión y, sobre todo, evitar un acto democrático básico como la protesta pública".