Esta mañana se ha celebrado Junta General Universal de cuatro sociedades municipales para aprobar sus cuentas y poder así solicitar el concurso de acreedores de dichas empresas para dirimir las responsabilidades legales por parte de los anteriores responsables municipales que formaban parte de los órganos de dirección de éstas. En concreto, las sociedades son: Servicios Municipales Estepona S.L.; Desarrollos Municipales Estepona S.L.; Promoción y Comunicación Estepona S.L. y Turismo y Actividades Recreativas S.L.

El edil del área Económica, Manuel Aguilar, ha explicado que las empresas municipales tenían acumulada una deuda de 74 millones de euros cuando el equipo de gobierno llegó a la Alcaldía y que se encontraban “desde hace años” en causa legal de disolución, por lo que el Ejecutivo local adoptó en agosto de 2011 el acuerdo de disolución de estas sociedades, ya que la legislación mercantil establece consecuencias “muy graves” para los administradores de las sociedades que no insten a la disolución de las empresas cuando éstas se encuentren en causa de disolución.

“Estas empresas se han usado para libremente, sin proceso administrativo, contratar a personal y contratar servicios sin ningún control, pese a la situación de déficit en la que se encontraban; y esto tenía que ser erradicado”, ha señalado el edil que ha recordado que la deuda que encontró el actual gobierno ascendía a 300 millones de euros.

Aguilar se ha referido a la mala gestión en estas sociedades de los anteriores responsables municipales que “dilapidaron el dinero municipal, malgastando los impuestos de los ciudadanos y provocando que se llegara a esta situación”; así, ha precisado que esta actitud tiene responsabilidad política y “será en sede judicial donde se tenga que dirimir estas responsabilidades legales -que podrían ser civiles o penales- por esta mala gestión municipal”.   En este sentido, ha indicado que de las cuatro empresas municipales, dos de ellas “no tenían un objeto social real, no tenían ingresos porque no tenían ninguna actividad y aglutinaban a casi 700 personas contratadas”.

Aguilar ha señalado que la legislación mercantil por la que se regían estas empresas municipales exigen que las mismas tengan un patrimonio equilibrado y ha apuntado que éstas siguieron contratado servicios y personal durante años pese a la situación de insolvencia y pese a encontrarse en causa legal de disolución.

Asimismo, el edil ha indicado que las sociedades municipales no cumplían con los requisitos de tener inscritas sus cuentas en el Registro Mercantil; trámite que en la sesión de hoy se ha acordado realizar sobre los ejercicios 2009, 2010 y 2011. El concejal también ha destacado que el liquidador de estas sociedades ha cumplido con el objetivo marcado de culminar  en un año el proceso de liquidación de las sociedades municipales.

Los argumentos de Valadez
El portavoz del PSOE, David Valadez, ha querido dejar claro, en su defensa,  tras la comparecencia de Aguilar, que “en el anterior mandato no se contrató absolutamente a nadie”. Por otro lado, ha recordado que “las empresas se crearon en el año 1995 y que la única vez que se pagó a la Seguridad Social y a la Agencia tributaria fue en el anterior mandato”, siendo él alcalde. Insiste en que se pagó “el corriente todos los meses”, pero reconoce que “la deuda acumulada era tremenda”. 

Hace memoria además al afirmar que “el acuerdo que nosotros cerramos se rompió tras la llegada del PP al Ayuntamiento. Así las cosas, una vez más se pregunta si el actual equipo de Gobierno está o no pagando a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, y recuerda que “a nosotros nos lo exigía el tesorero Municipal”, una figura que a día de hoy no existe después de que, tras ser jubilado, no haya sido reemplazado.