El Ministerio de Trabajo de un Gobierno que hace bandera del feminismo ha aprobado el primer sindicato de trabajadoras sexuales de España, una decisión que la propia Magdalena Valerio ha calificado de "gol por la escuadra" y que ha anunciado que tratará de anular.

La titular de Trabajo ha reconocido la incongruencia de dirigir el departamento que ha dado el visto bueno al sindicato con el feminismo en el que milita y ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie la manera de anularlo.

"Me han colado un gol por la escuadra", "lo desconocía por completo", "no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento", "el disgusto que me pillé ayer, cuando me enteré es uno de los más gordos de mi vida profesional y política, y llevo ya un cierto rodaje", ha confesado Valerio.

Y es que la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio que ella dirige, es la que ha aprobado la constitución del sindicato, sin que ninguno de los técnicos por los que ha pasado el expediente haya avisado al equipo de la ministra.

El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tenido que recalcar en su cuenta de Twitter que su Gobierno es feminista y defiende la "abolición de la prostitución".

En declaraciones a la prensa, Valerio ha asegurado que ha sido "una sorpresa" conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).

El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

Un sindicato que tiene su domicilio en la plaza del Fénix de Barcelona, aunque su ámbito es estatal.

"Si le hemos colado un gol, que contrate mejores porteras", ha ironizado en declaraciones a Efe la secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, quien ha lamentado la postura de la ministra, que, en su opinión, "tiene que ver más con la moralidad que con la legalidad", y la ha acusado de "defender los intereses de la patronal de los burdeles y no los de las trabajadoras".

"Si es ilegal, que empiecen a cerrar macroburdeles y pisos, que empiecen a machacar a los empresarios. ¿Por qué no van a por los macroburdeles? ¿A quién están defendiendo en realidad? ¿Pero de dónde ha salido esta señora?", se ha preguntado la trabajadora sexual y una de las impulsoras del sindicato.

La primera petición de "paralización" del sindicato ha llegado de la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien ha pedido al Gobierno "que haga lo que tenga que hacer" para evitar la creación del mismo, ya que entiende que es "una manera descarada" de encubrir la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres.

"No se puede permitir que algunos de manera encubierta intenten legalizar la prostitución, el tráfico de personas, la trata y la explotación de mujeres", les ha dicho Díaz a sus compañeros de partido.

En nombre de las feministas, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha manifestado su "sorpresa" y ha pedido explicaciones al Gobierno.

"Estoy convencida de que, si mañana alguien va a registrar el sindicato de los camellos de la droga, comprueban algo más que el hecho de que tenga domicilio social", ha aseverado Soleto en declaraciones a Efe.

Y es que, en su opinión, dar el visto bueno a una entidad que se llama "sindicato de trabajadoras sexuales", implica que el Gobierno "está haciendo, aunque sea por vía indirecta, un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual. Ese es el fondo de asunto" y ha mostrado su sorpresa porque la legislación actual lo permita.

Menos dura se ha mostrado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien, a través de Twitter, ha calificado de "muy valiente" a la Ministra de Trabajo "por reconocer un error y buscarle una solución inmediata".

La prostitución en España no está regulada, aunque existen algunas actividades relacionadas como el proxenetismo que son ilegales y leyes que protegen a los menores o a las personas con discapacidad mental de este de este tipo de actividades.