El líder de JxCAT, Carles Puigdemont, se decanta ahora por no pedir permiso para su investidura al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como le ha exigido el Tribunal Constitucional, según ha asegurado hoy su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, que no descarta que su cliente acuda al Parlament.

En una entrevista a la emisora RAC-1, Cuevillas ha afirmado que están valorando la posibilidad de recurrir la decisión del Tribunal Constitucional, que el pasado sábado acordó impedir la investidura telemática o no presencial de Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas al tener una orden de detención en España.

Cuevillas, que como en todas sus intervenciones públicas no ha descartado que Puigdemont acabe acudiendo al Parlament para su investidura, ha indicado que, tras la resolución del Constitucional, la primera opción que barajaron, especialmente el sábado por la noche, fue que el candidato de JxCAT pidiera permiso a Llarena.

De hecho, el exconseller y diputado de JxCAT Josep Rull aseguró ayer públicamente que Puigdemont pediría a Llarena que le autorice a asistir al pleno convocado mañana, martes, en el Parlament para ser investido presidente de la Generalitat, tal como le exige el Constitucional.

No obstante, Cuevillas, que está en contacto permanente con Puigdemont, ha indicado hoy que, "tras darle vueltas" a la idea de pedir permiso al juez del Supremo, cada vez ve "más lejos esta posibilidad".

"Me resisto a aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat deba quedar sometida a un permiso judicial previo", ha indicado Cuevillas, que está convencido de que si lo hicieran no obtendrían una respuesta inmediata: "nos diría, pase por aquí y lo hablamos".

Sobre el pleno de investidura convocado para mañana, Cuevillas ha remarcado que el TC ha "alterado el panorama", si bien Puigdemont siempre ha dicho que hará "lo que considere más conveniente para la causa que defiende".

"Si él (Puigdemont) considera que lo más conveniente es hacer 'petar' la cafetera a presión (como ha definido la actual situación política y judicial en España), tiene la valentía suficiente para venir y hacerse detener", ha sostenido.

"No sé lo que pasará mañana", ha reconocido Cuevillas, que considera que la resolución del Tribunal Constitucional es "nula de pleno derecho", aunque formalmente esté vigente.

Cuevillas ha afirmado que, si finalmente optan por recurrir la resolución del Constitucional, que ha calificado como una "monstruosidad", lo harían de forma "inmediata", si bien aún no saben si lo harían ante el propio Constitucional, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este sentido, ha afirmado que la resolución del TC es contraria a derecho, ya que, sin que nadie se lo pidiera, ha adoptado unas medidas cautelares de forma preventiva sobre cuestiones sobre las que la ley no le habilita (como la ordenación de un debate parlamentario), y sin que nadie se lo haya pedido. "Es todo absolutamente irregular", se ha quejado.

El abogado de Puigdemont ha indicado que todos los pasos que están dando los hacen mirando a Estrasburgo, la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tienen previsto llevar la causa por rebelión y sedición que tiene abierta el Supremo.

Cuevillas ha evitado dar ningún consejo al presidente del Parlament, Roger Torrent, de cara al pleno de investidura convocado para mañana, ya que el Constitucional le ha apercibido para que impida una investidura de Puigdemont que no sea presencial.

No obstante, ha apuntado que una desobediencia al Tribunal Constitucional no sería penalmente relevante, pese a que en el caso por el 9N hubo un "cambio de reglas a medio partido" y sí se condenó por ello al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional y exletrado del Parlament Joan Vintró ha afirmado, en la misma emisora, que Torrent tiene mañana tres opciones: iniciar el pleno y suspenderlo si Puigdemont no está en el hemiciclo, seguir adelante asumiendo los riesgos que ello comporta o aplazar la sesión hasta que el TC resuelva sobre el caso, que cree que es "la solución más lógica".