El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, y el diputado regional del Partido Popular, Iñigo Fernández, subrayaron este miércoles en Reinosa la "oposición frontal" del Partido Popular de Cantabria a la técnica del fracking en la región y aseguraron que el Gobierno de Ignacio Diego seguirá trabajando y utilizará todos los medios legalmente posibles para hacer "inviable" la fractura hidráulica en la comunidad autónoma.
Para "que una Cantabria libre de fracking sea una realidad" explicaron que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara anticonstitucional la ley que prohíbe esta técnica de extracción de gas no convencional en el territorio regional, el Gobierno de Cantabria empleará su "Plan B", que consiste principalmente en aplicar la legislación vigente en materia urbanística y en la búsqueda de la unidad del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos contra el fracking en la región.
Así lo expusieron anoche en la Casa de Cultura 'Sánchez Díaz' de la capital campurriana en un encuentro organizado por el PP cántabro dentro del ciclo que desde el pasado mes de noviembre viene desarrollando por diversos municipios de la región para explicar la postura de esta formación política contraria a la utilización en Cantabria de la fractura hidráulica, y en el que Javier Fernández e Iñigo Fernández informaron sobre la situación del fracking en la región tras la sentencia del Alto Tribunal.
El titular de Medio Ambiente, aunque la respeta, reconoció "decepción" por la decisión del TC de declarar anticonstitucional una ley que refleja "la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cantabria" respecto a la fractura hidráulica. Sin embargo, dijo que esta decisión no detiene la argumentación del Gobierno de Cantabria, apuntando además que el fallo "abre una puerta" a que desde la comunidad se puedan aprobar "normas adicionales de protección" frente a esta técnica en virtud de las competencias autonómicas.
"No podemos prohibir con carácter general el fracking en Cantabria, pero lo que sí nos dice la propia sentencia es que podemos establecer en las distintas materias en las que tenemos competencia limitaciones específicas en nuestro ámbito territorial, por ejemplo siendo más exigentes en materia de protección ambiental o de preservación de la salud", explicó Javier Fernández, que indicó que este es "un flanco que se abre" y que desde el Gobierno se va a estudiar.
El consejero también aludió al voto particular de tres magistrados a la sentencia del TC que señala que la resolución no pondera debidamente algún tipo competencial como es el de la protección de la salud.
CLAVES
Tanto Javier Fernández como Iñigo Fernández insistieron en Reinosa en la importancia de la legislación vigente en materia urbanística para evitar que la técnica del fracking pueda aplicarse en el territorio regional, poniendo como ejemplo la anulación, en base a la Ley del Suelo de Cantabria, del permiso 'Arquetu' concedido por el anterior Ejecutivo regional y la decisión de la empresa promotora del proyecto de no recurrir ante los tribunales la anulación.
Javier Fernández recordó que el Consejo de Gobierno anuló dicha autorización porque el suelo afectado no era compatible urbanísticamente, subrayando que no es posible realizar actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección, que ocupan el 90% del suelo de Cantabria.
En este punto, el consejero destacó la relevancia que adquiere la unanimidad del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos en contra de la fractura hidráulica y el que no se hagan cambios en los planeamientos urbanísticos para permitir esta técnica. Por eso, sostuvo que "si somos rigurosos y exigentes en la aplicación de la normativa hoy vigente, es muy difícil, prácticamente imposible, que en Cantabria se haga fracking".
"Si realmente utilizamos la legislación vigente en Cantabria, nos dotamos de normas adicionales de protección dentro de la línea y el respeto a la doctrina sentada por la reciente sentencia dictada por el TC, y todas las administraciones regionales y municipales adoptamos un criterio claro, riguroso y unánime en contra de la técnica de la fractura hidráulica, creo que haremos realidad la voluntad mayoritaria de la población de que en Cantabria no haya fracking", insistió el consejero.
Por su parte, Iñigo Fernández hizo hincapié en que el planteamiento del PP de Cantabria se basa en reivindicar el derecho de la comunidad autónoma a decidir sobre la prohibición de esta técnica en su ámbito territorial, tal y como se recogió en una de las propuestas de resolución aprobada en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno. "Perderíamos todas nuestras razones si, exigiendo que se respete nuestro derecho a decir que 'aquí no', no respetásemos el derecho de otras territorios de España a decir que 'allí sí' si ellos lo deciden así", sentenció.
