El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a comunidades autónomas y ayuntamientos de que tendrán que asumir los principios de la reforma de las Administraciones Públicas si quieren acogerse a los mecanismos de ayuda que ofrece el Estado, como pueden ser el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o los planes de pago a proveedores.

   Tras admitir que las medidas propuestas en la reforma de las Administraciones Públicas, aprobada hace un mes por el Gobierno, son recomendaciones, ya que el Ejecutivo no puede intervenir en las competencias autonómicas o municipales, Beteta ha dicho, en una entrevista concedida a Europa Press, que el Estado dispone de su capacidad de decisión sobre los planes económico-financieros de las comunidades y ayuntamientos para hacer que éstos apliquen la reforma.

  "Si no te apruebo el plan económico-financiero, no entras en el mecanismo de financiación, no entras en el FLA y no podrás acogerte a los programas de proveedores, y en consecuencia, si esto no se produce, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos acomodarán sus niveles de gasto e incumplirán la Ley de Morosidad e incurrirán en las restricciones que se derivan de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", ha explicado.

MECANISMOS PARA OBLIGAR

  Así pues, ha indicado que el Gobierno "por supuesto tiene los mecanismos para pasar de lo que constitucionalmente no puede ser más que una mera recomendación". No obstante, ha resaltado que las comunidades autónomas ya habrán reducido a finales de este año el 31 por ciento de su sector público, por lo que ha destacado que el acuerdo de "ahorrar" está "cumplido y en exceso".

   El secretario de Estado ha destacado la reforma de las Administraciones Públicas que ha puesto en marcha el Gobierno, que está íntimamente relacionada con otras modificaciones acometidas como la administración electrónica, que permite, por ejemplo, pasar "de un coste de tramitación de un expediente de en torno 20 euros" a uno de "16 céntimos".

   También ha relacionado Beteta la reforma de las Administraciones Públicas con la nueva Ley de Administración Local, que ha recordado conllevará un ahorro de 8.000 millones de euros en tres años a través sobre todo de la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios y en evitar las duplicidades.

  "Se trata de que el ciudadano reciba un servicio de una manera más eficiente y más barato. ¿Qué servicios? Los que nos podemos permitir pagar", ha explicado, para lo cual, ha añadido, las corporaciones locales tendrán que publicar el coste de sus servicios, cumpliendo con el coste efectivo aprobado por el Gobierno.

   En su opinión, el hecho de que los ciudadanos puedan tener acceso a lo que cuesta los servicios que les presta su ayuntamiento hará que los gobiernos locales traten de llevar la máxima eficacia a esos servicios.

COSTE ESTÁNDAR POR COSTE EFECTIVO

  El Gobierno incluyó en el proyecto final de la reforma local este coste efectivo tras las críticas del Consejo de Estado al anterior 'coste estándar', que abría la puerta a que las diputaciones asumieran competencias municipales.

   En este sentido, Beteta ha defendido que el órgano consultivo del Gobierno no dudó de la constitucionalidad del coste estándar, sino que emitió "recomendaciones" al advertir de que estaba "muy levemente regulado y podría dar lugar a atentar contra la autonomía local".

   En cualquier caso, el secretario de Estado ha destacado que "lo bueno" de la reforma local es que "ha entrado en vigor antes de ser aprobada", ya que los ayuntamientos ahorraron el año pasado 4.000 millones de euros a base de aplicar políticas de eficiencia y racionalización en el gasto.

  "Ese es el gran éxito. La mejor reforma estructural que puede haber es cuando un gestor público asume el principio de que sólo puede gastar lo que recauda y pagar todo lo que gasta. Es la mayor reforma estructural y eso está conseguido", ha afirmado.

DOS TIPOS DE FUSIONES

  Aunque el proyecto de ley apuesta por la fusión de municipios, el secretario de Estado ha dejado claro que no pretenden imponerlo como medida obligatoria. Eso sí, el Gobierno plantea un "proceso incentivado de fusiones voluntarias", tanto uniones políticas como uniones "mancomunadas" en la que dos ayuntamientos puedan compartir la prestación de servicios pero manteniendo su personalidad jurídica.

   Ante las críticas de la Generalitat de Cataluña y al Gobierno vasco contra esta reforma, que ya han adelantado que no van a aplicar, Beteta ha advertido de que se les puede obligar a ello porque "para eso está el Tribunal Constitucional" y el Consejo de Estado ha determinado que las bases de régimen local "corresponden a las Cortes Generales", por lo que "las administraciones autonómicas han de acomodarse a lo dispuesto en la normativa básica".

   En cuanto al rechazo frontal que desde el principio ha manifestado el PSOE, que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad durante la tramitación parlamentaria, Beteta ha asegurado que el Gobierno "siempre ha intentado, con lealtad, conseguir el acuerdo" con el principal partido de la oposición, que gobierna en ayuntamientos importantes y diputaciones. Sin embargo, ha acusado a los socialistas de no querer asumir una reforma con una "gestión más compleja" y, por tanto, de "elegir una postura cómoda".

   Sobre las acusaciones del PSOE de que la reforma local busca la privatización de servicios, el secretario de Estado lo ha negado y ha recordado que "la palabra privatizar no aparece en el texto". "Es un 'leiv motiv' clásico del PSOE. Gestión indirecta de servicio no figura en el texto. Cada pleno municipal tendrá que decidir. ¿La ley empuja a un camino o a otro?. En absoluto", ha zanjado.