El Gobierno quiere que los partidos políticos publiquen sus cuentas sin esperar el dictamen del Tribunal de Cuentas, estableciendo para ello un formato específico y un procedimiento de publicidad en sus páginas web. Así lo ha adelantado a Europa Press el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que ha elaborado el informe con medidas contra la corrupción presentado por Mariano Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación.

   Pendás ha revelado que la futura Ley Orgánica de la actividad económico-financiera de los partidos políticos reforzará los "instrumentos de control" de Tribunal de Cuentas y establecerá un depósito obligatorio de las cuentas anuales en un registro público. "Se va a establecer ahí también una fórmula de aprobación de cuentas, que en este momento es algo que queda bastante en el aire", ha añadido.

   Además, ha destacado que una de las principales novedades consistirá en la regulación "con detalle" de la figura del tesorero, que tendrá que realizar una "colaboración estricta" con el Tribunal de Cuentas si ésta institución se lo requiere, así como comparecer anualmente en el Congreso para explicar "en qué han gastado el dinero".

   Esa futura ley también regulará los procedimientos de contratación de las formaciones políticas. "Se trataría de que algunos criterios que inspiran la contratación de las administraciones públicas se apliquen a los partidos", ha señalado, algo que, a su entender supondrá "un cambio revolucionario" en su funcionamiento.

   Ante la propuesta del PSOE apostando por prohibir las donaciones de empresas a partidos, manteniendo solo las particulares, Pendás ha asegurado que esas donaciones "están en todas las legislaciones extranjeras". "Es un caso bastante raro en derecho comparado que eso se plantee. En principio, es una medida que, dentro de los límites y con la más absoluta publicidad, sería razonable mantener desde mi punto de vista", ha reiterado.

"DERECHO A SABER CUÁNTO GANAN LOS POLÍTICOS"

   Asimismo, el director del CEPC ha precisado que la Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas recogerá el "estatuto de un político", de forma que todo aquel que quiera dedicarse a la política "sepa antes cuáles son las reglas de juego en materia de retribuciones, incompatibilidades o indemnizaciones".

   Esa norma, ha proseguido, establecerá escalas de retribución de los cargos públicos, una idea que está en línea con las tablas salariales para alcaldes y concejales que va a fijar también la Ley de Régimen Local. "Se trata de racionalizar las retribuciones, de tal manera que haya una escala fija dentro de la cuál el nivel de responsabilidad del cargo vaya acompañado de un tope de retribución", ha agregado.

   Al ser preguntado si esa homologación también podrá extenderse a los cargos de las formaciones políticas, Pendás ha reconocido que esas retribuciones "deben regularse en sus propios estatutos". Eso sí, ha subrayado que la aplicación de la Ley de Transparencia a los partidos permitirá "saber exactamente lo que cobra cada cuál". "Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto ganan los políticos. La política no es un sitio en el que uno va a enriquecerse", ha aseverado.

"DECISIVO" QUE NO SE "ETERNICEN" LOS PROCESOS

   Pendás ha recordado que la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno endurecerá las penas de los tipos delictivos asociados con la corrupción, como el cohecho, la malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias. Eso sí, ha recalcado que "tan importante" como aumentar las penas es ofrecer una "respuesta procesal rápida".

   "Es decisivo que la gente perciba que no se eternizan los procesos. Y para eso es fundamental la Ley de Enjuiciamiento Criminal que también está siendo objeto de reforma por el Gobierno", ha apuntado.

   En cuanto a si no sería más ejemplar que las condenas por delitos de corrupción llevarán aparejadas la realización de trabajos para la comunidad, Pendás ha comentado que eso corresponde estudiarlo a los especialistas y ha destacado que lo importante es que esos delitos tengan una pena de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas.

   "La política debe tener un incremento de ejemplaridad. Por lo tanto, cuando una persona es condenada por un delito de este tipo, parece muy lógico, no solo durante el tiempo de la condena, sino incluso de una manera más prolongada, quede apartada del derecho de representar a sus ciudadanos", ha manifestado.

EL JUEZ PODRÁ IMPEDIR QUE UN IMPUTADO VAYA A LAS ELECCIONES

   El director del CEPC ha indicado que el Ministerio de Justicia está trabajando en la reforma de la figura del imputado "para convertirla básicamente en la figura del encausado". En este punto, ha explicado que se trabaja en la idea de que el juez "cuando crea que hay motivos para evitar que una persona se pueda presentar a las elecciones", adopte esa medida cautelar.

   "Una idea que se puede discutir es posibilitar al juez que adopte como medida cautelar la privación del derecho de sufragio pasivo. Esa medida tiene todas las garantías de una decisión judicial y sería recurrible", ha insistido. En cualquier caso, ha explicado que esa decisión judicial no impide que los partidos tomen la "decisión interna" de apartar a una persona imputada en un momento anterior.

   Al ser preguntado por la propuesta del PSOE para que los imputados no puedan pactar con el fiscal, como ocurrió en el 'caso Pallerols' relativo a un presunto fraude de subvenciones por parte de dirigentes de Unió, Pendás ha dicho que, aunque puede ser "una medida a estudiar", los fiscales valoran "favorablemente" esa posibilidad de pacto "en la medida en que se evitan procesos difíciles y complejos".  Además de dar "cierta rapidez", ese acuerdo supone también "reconocer la existencia del delito", ha apostillado.

LAS PRIMERAS MEDIDAS EN LOS PRÓXIMOS MESES

   El director del CEPC ha afirmado que las primeras medidas contra la corrupción podrían estar listas en unos meses y ha expresado su deseo de que se sumen al acuerdo el PSOE e Izquierda Plural, que se abstuvieron en la votación de la resolución con medidas anticorrupción que tuvo lugar el pasado martes en el Pleno del Congreso.

   "Está prevista la creación de una comisión con personalidades independientes para trasladar estas ideas ya más concretas al Parlamento y creo que en unos meses pueden estar aprobadas las primeras medidas", ha indicado, para subrayar que lo importante es "legislar bien" y no con "prisas y poniendo parches" para salir del paso.

   Finalmente, Pendás ha remarcado que si la gente "percibe que se dan pasos en la buena dirección" y que "la inmensa mayoría de los políticos son honrados", el prestigio de las instituciones y la imagen de los políticos crecerá. "Tenemos que cuidar la democracia que tenemos, mejorar su calidad y evitar que los ciudadanos sientan esa desafección", ha concluido.