El PP de Sevilla avisó ayer de que la Diputación provincial y la Consejería de Educación han “metido en un cajón” un total de 14 actuaciones acordadas en 2010 para la mejora de la red de centros educativos de la provincia, pese a que ambas partes habían conveniado entonces la reserva de fondos para estas intervenciones destinadas a la mejora de las infraestructuras educativas sevillanas.

La candidata número diez del PP de Sevilla a las próximas elecciones autonómicas, Dolores Calderón, y el diputado provincial Juan de la Rosa explicaron, en rueda de prensa, que en 2010 la Diputación provincial y la Consejería de Empleo formalizaron un convenio destinado a la promoción de mejoras en las infraestructuras docentes de la provincia.

Mediante este convenio, según señaló, la Consejería de Empleo aportaba 15 millones de euros para tales actuaciones, toda vez que el mismo acuerdo recogía un total de 14 actuaciones “claras” en centros educativos de 14 municipios, al objeto de que tales intervenciones fuesen costeadas con los “remanentes” de la inversión global en el caso de haberlos.Por su parte, y en respuesta a los populares, la Diputación señaló que tiene consignados más de 2,6 millones para nuevas obras en centros educativos.

Así, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, lamentó las afirmaciones del PP sobre la financiación prestada por la corporación para la construcción de centros educativos en la provincia, señalando que el ente supramunicipal invertirá más de 2,6 millones de euros para nuevas obras y asegurando que “en el PP no trabajan, sólo se limitan a la denuncia por la denuncia para deformar la realidad y crear inquietud en la ciudadanía”.

En un comunicado, el portavoz provincial aclaró que “en estos momentos la Diputación está a la espera de una respuesta de la administración autonómica, que es la responsable directa en la materia, para invertir más de 2,6 millones de euros en nuevas obras para centros educativos; con la decisión se firmará una modificación del convenio ejecutivo suscrito en su día para que las inversiones se hagan de inmediato”.

Según informó Domínguez, “estos más de 2,6 millones de euros proceden de las bajas producidas en las adjudicaciones una vez liquidadas las mismas; el convenio inicial contemplaba la utilización de dichas bajas”.