El fiscal del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), ha retirado la acusación para 18 de los 20 acusados y mantiene sólo como procesados al alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, por 13 delitos de cohecho, modificando también para ellos al solicitar, en lugar de cárcel, multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión; y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga comenzó en septiembre pasado el juicio contra Martín Serón, Guerra, dos asesores jurídicos en el Consistorio y 16 empresarios. La Fiscalía solicitaba para el alcalde cuatro años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para cargo público, al acusarlo de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo; mientras que para el concejal pedía siete años de cárcel y 21 de inhabilitación por 11 delitos de cohecho pasivo y 14 delitos urbanísticos.

Asimismo, acusaba a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio, solicitando 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial; y al otro por un delito urbanístico, pidiendo un año de prisión y siete de inhabilitación. Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 por delito de cohecho activo, solicitando dos años de cárcel y multa; y por delito contra la ordenación del territorio, pidiendo prisión e inhabilitación para todos.

En la sesión de este viernes, el fiscal ha modificado sus conclusiones y ha retirado la acusación que venía manteniendo contra los empresarios y los funcionarios, a los que el presidente del Tribunal se ha dirigido para decirles que "quedan libres y absueltos desde este momento", añadiendo que podían "abandonar el banquillo", tras lo que han salido de la Sala. El juicio se retomará el día 16 de diciembre con los informes de la acusación pública y las dos defensas, que han mantenido la absolución.

El ministerio público ha mantenido exclusivamente la acusación contra Martín Serón y Guerra, aunque sólo por cohecho, en concreto 13 delitos, con carácter continuado, del artículo 425 del Código Penal, pero según la redacción vigente en el momento de los hechos, al considerarla "más beneficiosa" para los acusados, y que alude a petición de dádiva para actos propios del cargo. Además de la pena de multa y la suspensión, insta al comiso del dinero en efectivo intervenido.

En su escrito definitivo, el fiscal sigue sosteniendo que en ese Ayuntamiento entre 2002 y 2006 "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que el obtener el enriquecimiento personal ilícito de los acusados Juan Martín Serón como alcalde y Gregorio Guerra, concejal de Urbanismo" y que, según mantiene, "consistía en exigir a los empresarios y promotores inmobiliarios", que estuviesen interesados en realizar construcciones y que tenían que solicitar la licencia, "la entrega de ciertas cantidades de dinero".

Según se precisa en el escrito modificado, al que ha tenido acceso Europa Press, esas supuestas cantidades se calculaban de forma proporcional "en cuanto a los metros edificables y viviendas a construir sobre la base de un pretendido exceso de edificabilidad y de viviendas permitidas respecto del legalmente previsto en la norma de planeamiento municipal", aunque se añade que de la prueba practicada en el juicio "no se ha acreditado que realmente existiesen tales incrementos de edificabilidad ni de viviendas".

La Fiscalía señala que en ese momento todas las autoridades municipales de urbanismo "consideraban plenamente eficaz y en vigor" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, apuntando a que desde el punto de vista penal se considera que la normativa realmente en vigor serían las normas complementarias y subsidiarias de ámbito provincial de 1975. Se alude a la "confusión existente en cuanto a la normativa aplicable y que probablemente fue creada desde el propio Ayuntamiento".

A eso se añaden "los informes del arquitecto municipal, que intencionadamente o no, emitía informes que resultaban contrarios --en algunos casos-- a la concesión de las licencias", lo que, a juicio del fiscal, "contribuyó indudablemente a crear un clima propicio a las exigencias planteadas de cantidades de dinero para la concesión de las licencias de obras", apuntando que "al parecer --según todos los peritos propuestos por las defensas-- todas ellas resultaban acordes con la legislación urbanística aplicable".

ANOTACIONES

La Fiscalía sostiene que era el edil de Urbanismo el que "se encargaba directamente, pero siempre bajo la supervisión y dirección del alcalde", de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar en los proyectos de obra y "las contrapartidas a abonar por los empresarios", llevando personalmente esa contabilidad. Según el ministerio fiscal, "estos pagos aparecen recogidos en ciertas anotaciones manuscritas, así como en archivos informáticos", que fueron intervenidos en el despacho del concejal.

Según esas anotaciones, sigue el escrito del fiscal, estaba "tasado el precio a pagar por el incremento que consideraban se producía respecto de lo establecido en los estudios detalle" y se añade que los empresarios "se aseguraban de esa forma evitar problemas de retrasos en sus concesiones". De hecho, en el documento se precisa que "en algunos expedientes les era notificado el informe favorable del arquitecto para así poner de relieve la necesidad de realizar los pagos exigidos".

La acusación cifra, según esas anotaciones, en 211.900 euros "las cantidades totales percibidas" respecto a cuatro expedientes; aunque apunta a que en otros casos "los acusados habrían exigido a otros empresarios ciertas cantidades de dinero por la concesión de licencias sin que se haya podido acreditar si efectivamente fueron realmente hechos los pagos o no", cifra que, según el fiscal, es de 571.105, por lo que concluye que "el total, entre lo solicitado y percibido, es de 783.005 euros".

Previamente a las conclusiones finales, se ha practicado prueba, consistente en la reproducción de conversaciones telefónicas intervenidas, en las que los acusados hablan de los proyectos y licencias investigadas en este procedimiento; y las grabaciones realizadas en el despacho del concejal en dos entrevistas entre éste y el denunciante, que fue testigo protegido.

Además, han declarado dos policías que analizaron los ingresos de los dos acusados, señalando que en el caso de Guerra algunos meses se daban "gastos nulos o mínimos" que les lleva a pensar "a otras fuentes de ingresos"; y en el caso del alcalde se incide en los ingresos en efectivo y en la capacidad de ahorro.