El Gobierno aprobó ayer el Plan contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que ofrece protección a las víctimas, durante al menos 30 días, para que decidan si denuncian a sus captores, y crea un fondo de bienes decomisados para asistir a estas mujeres.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Derechos Humanos, suscrito por el Ejecutivo durante la reunión de ayer del Consejo de Ministros, que recoge 172 compromisos del Gobierno, que serán vigilados por miembros de la sociedad civil y el Parlamento.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que las actuaciones recogidas en el plan de Derechos Humanos se pondrán en marcha a lo largo de los próximos cuatros años y serán “la hoja de ruta para la salvaguarda de los derechos humanos dentro y fuera” de España.

“Es un plan ambicioso que nos va a colocar en la vanguardia mundial en la defensa de los derechos humanos”, aseguró De la Vega, quien destacó que habrá una comisión de seguimiento, integrada por representantes del Gobierno, de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo, además de por expertos en derechos humanos.

Algunas de estas actuaciones incluyen reformas legales, como la de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, para adecuarse al pluralismo religioso existente en España, y otras para ampliar las garantías legales del detenido, como la de grabar en las comisarías a los arrestados por terrorismo a los que se aplica el régimen de incomunicación.

El plan del Gobierno también propondrá al Parlamento una ley integral de Igualdad de Trato y no Discriminación y establecerá garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros, e incluye el compromiso del Ejecutivo con la protección de los refugiados, con una reforma del sistema de asilo.

El plan, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, proporcionará protección integral a las víctimas durante el mencionado periodo de reflexión para que puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir si colaboran con las autoridades administrativas, policiales y judiciales.

Durante ese tiempo, las víctimas tendrán derecho a la asistencia social y jurídica y a una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan.

Además, se les proporcionará un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata y la disponibilidad de intérprete.

Se contempla la creación de unidades móviles para la atención a víctimas y de centros de acogida con programas de atención integral específica.