El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, advierte de que ante la situación actual provocada por el estado de alarma, debido a la pandemia por el covid-19, poner en marcha la maquinaria judicial va a "costar mucho", al tiempo que reclama que se lleven a cabo ya medidas "urgentes".
En declaraciones a Europa Press, el magistrado avisa que "se tardará mucho tiempo en reducir el retraso de una justicia que ya antes de esta crisis sanitaria parecía caminar hacía el abismo", al tiempo que los jueces prevén "una gran avalancha de asuntos en todos los ordenes jurisdiccionales".
Y es que, "se ha paralizado el funcionamiento normal de la Administración de Justicia", de modo que "tan sólo se han practicado las actuaciones consideradas esenciales, como causas con preso y detenidos, expedición de licencias de enterramiento, órdenes de protección, internamientos involuntarios o medidas relativas a menores de edad", detalla.
Todo ello, según expone, "agravará el retraso que venía sufriendo la Administración de Justicia, pues a lo que había pendiente, antes del día 16 de marzo, hay que añadir lo acumulado durante el estado de alarma".
En materia social, pronostica "un considerable aumento" del número de ERTE, ERE y despidos; en la jurisdicción Mercantil, "otro considerable aumento" de concursos de acreedores, debido a "las dificultades que atraviesan las empresas por la paralización de la economía".
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, asegura que "se producirá un aumento de los pleitos" como consecuencia de "las sanciones que se imponen por infracciones administrativas o por reclamación de responsabilidad patrimonial a la administración por la gestión de la pandemia".
En la jurisdicción Civil, "que en Córdoba ya tenía antes de la pandemia un módulo de entrada superior al 190%", también se prevé "la entrada de una avalancha de demandas, debido al parón de más de un mes que ya llevamos", lamenta.
"Y otro tanto ha de decirse de la jurisdicción Penal, que salvo causas con preso, adopción de medidas cautelares y resolución de la situación personal de los detenidos, lleva paralizada desde el día 16 de marzo", por lo que es "evidente que se producirá un gran aumento del número de procesos penales", según explica.
"LA JUSTICIA NO PUEDE CONTINUAR RALENTIZADA"
En palabras de Miguel Ángel Pareja, "debemos estar preparados para los que se nos viene encima y afrontarlo con optimismo, pero con los pies sentados en la tierra". A su juicio, "ya no es hora de lamentarse de lo que se podría o no se podría haberse hecho, ahora lo que debemos de hacer es ponernos en marcha y trabajar para buscar soluciones".
Además, defiende que "el servicio público de Justicia no puede continuar ralentizado e invernado", sino que "hay que empezar a trabajar, a puerta cerrada, al menos con el 50 por ciento de la plantilla de personal, mientras siga vigente el estado de alarma, dotándoles de los correspondientes EPI", recomienda.
En previsión de lo que va a ocurrir, menciona que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado hace unos días "un plan para evitar el colapso de la Administración de Justicia".
Según apunta, "este plan de choque, extenso y prolijo, que está en boca de todos, es realmente un primer borrador de estudio que debe ir mejorándose con las aportaciones que se vayan haciendo por parte de todos los operadores jurídicos", por lo que indica que "la crítica al mismo es acertada, razonable y oportuna".
No obstante, el magistrado subraya que "el plan definitivo que vea la luz debe fijar un calendario adecuado y preciso para la reanudación ordenada de la actividad".
LAS MEDIDAS
En opinión del juez decano, "para amortiguar la avalancha que se viene encima es necesario adoptar medidas con carácter urgente". Así, aconseja que la primera de ellas debe ser "la creación inmediata de todos aquellos órganos judiciales que se han aprobado y están pendientes de creación a lo largo de este año".
Asimismo, pide que se invierta en la Administración de Justicia para "llevar a cabo medidas organizativas, de creación de nuevos órganos, a parte de los mencionados, y para reforzar los que hay funcionando, creando más plazas de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios".
De igual modo, considera que "es urgente que se levante la suspensión de todos aquellos plazos procesales que no conlleven presencia física de los ciudadanos o de los profesionales en las sedes judiciales".
También, apoya que "de la misma manera que letrados y procuradores pueden presentar demandas vía 'LexNet' y se pueden dictar resoluciones, entre ellas sentencias, y se pueden notificar a los profesionales, que se les abra a éstos los plazos procesales para presentar recursos o alegaciones".
Igualmente, sugiere que dichos recursos o alegaciones sean "tramitados y resueltos por los juzgados y tribunales en aquellos casos en los que no sea necesaria la celebración de vista, y si lo es, que la tramitación se lleve a cabo hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración de la misma".
Por otra parte, el juez decano propone que "todos los pleitos sigan su curso ordinario, salvo que se requiera la presencia física en los juzgados de los ciudadanos o de los profesionales en cuyo caso quedarían paralizados hasta que cese el confinamiento por el estado de alarma".
MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN
En otro orden de cosas, Miguel Ángel Pareja plantea "adoptar medidas legislativas para la agilización de los procesos sin merma de los derechos de los justificables y garantizando en todo caso la tutela judicial efectiva", citando los recursos contra resoluciones interlocutorias, "sin perjuicio de los que se puedan interponer contra resoluciones de fondo o definitivas", o "la concentración de trámites procesales en uno solo".
Y "potenciar medidas alternativas, que reduzcan la litigiosidad, como son la mediación, trasmitiendo a las personas que no todos los problemas tiene que resolverlos la Justicia, pues pueden acudir a la mediación o al arbitraje", según manifiesta el juez decano.
Entretanto, asevera que "lo más importante es tener visión de futuro y aprovechar para modernizar la Administración de Justicia", de tal manera que "la organización judicial decimonónica de órganos unipersonales, o sea de juzgados, debe desaparecer para dar paso a la colegiación y comarcalización judicial, a una nueva oficina judicial, al expediente digital y a una aplicación más racional de los recursos disponibles", que, a su juicio, "haga más eficaz la prestación del servicio público de Justicia".
