El sindicato CTA ha registrado en la Subdelegación del Gobierno central un escrito mediante el que pide formalmente al subdelegado, Juan José Primo Jurado, que promueva la celebración de una reunión a la que asistan las diversas administraciones y todas las partes implicadas en el conflicto de la recogida de la naranja, para buscarle una solución definitiva.

   En dicho escrito, recogido por Europa Press, el secretario general de CTA, Francisco Moro, pide a Primo Jurado que convoque a dicha reunión a los "ayuntamientos de la comarca (Vega del Guadalquivir), las delegaciones de Empleo y de Presidencia de la Junta de Andalucía, la Diputación, las empresas" citrícolas y al propio sindicato que solicita el encuentro, para "que se trate de darle una solución a la grave problemática sociolaboral que existe en dicha comarca en relación con la recolección de la naranja".

   De hecho, Moro recuerda en el escrito al subdelegado que su sindicato ya le informó el pasado enero sobre dicha problemática, que se mantiene por varias razones, la primera de ellas, según el sindicalista, es que "se importa mano de obra de países comunitarios y extracomunitarios cuando en la comarca existe una importante demanda de empleo por parte de la población residente".

   A juicio de Moro, "esto, evidentemente, sucede porque las prácticas empresariales respecto de la gestión laboral son más fáciles de implantar a estos trabajadores extranjeros que a los residentes".

   Estas prácticas laborales consisten, según CTA, en que no se paga el jornal establecido en el convenio colectivo del campo, sino que "se paga muy por debajo, entre 20 y 41 euros diarios, tampoco se paga el plus de distancia, ni la parte proporcional de las vacaciones ni de la indemnización, por tratarse de contratos temporales. Se trabaja a destajo y la jornada laboral siempre es superior a seis horas y diez minutos, en muchos casos es de sol a sol y el colmo ya de la ilegalidad es que a muchos trabajadores no se les da de alta en la Seguridad Social y por lo tanto, no se cotiza por ellos".
"PRÁCTICAMENTE TODAS LAS EMPRESAS NO CUMPLEN LA LEGALIDAD"

   Esta situación laboral, además, "se ha generalizado y son prácticamente todas las empresas las que no cumplen con la legalidad", y a ello hay que añadir que "hay empresas distribuidoras multinacionales que compran el fruto en el árbol, se traen los jornaleros de países comunitarios y no comunitarios a través de empresas de trabajo temporal y la manufactura del producto la hace en otras comunidades autónomas, de forma que en la comarca productora no quedan ni jornales, ni valor añadido".

   CTA ha intentando "contener esta situación" y por eso en el pasado enero convocó cinco días de huelga, a la vez que ha interpuesto "numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo", pero "los patronos no desisten y prefieren seguir obteniendo la plusvalía desde el incumplimiento del convenio colectivo antes de hacerse con el control de los canales de comercialización del producto".

   El sindicato intentó entonces llegar a un acuerdo por escrito con los empresarios directamente, a través del Sercla, pero a la reunión en este órgano de intermediación laboral extrajudicial "no asistieron varias empresas y las que asistieron no quisieron firmar" el acuerdo que se proponía.

   Por eso, según concluye el escrito de CTA dirigido al subdelegado, "aunque la protesta laboral de momento ha parado, el problema sigue ahí y quienes lo originan son unos empresarios que no cumplen con la legalidad, incluidos los pagos a la Seguridad Social, y las administraciones tienen la obligación de actuar en defensa de la legalidad".