La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mantenido hoy una reunión con asociaciones de afectados por la problemática de las viviendas irregulares en Andalucía donde ha reivindicado la “seguridad jurídica” del decreto ley que entró en vigor el 26 de septiembre y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias.

Marifrán Carazo ha lanzado este mensaje de tranquilidad tras “el jarro de agua fría” que ha supuesto para estos vecinos la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar un conflicto de competencias por una posible afectación del decreto ley a la Ley de Costas. “El contenido del decreto cuenta con todos los informes jurídicos favorables, ha sido revisado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y, en ningún caso invade ninguna ley estatal, estamos convencidos”, ha trasladado la consejera a los asistentes.  

Además, ha recordado que el decreto ley sigue vigente pese al requerimiento de la Administración central, al que ha emplazado a que celebre el encuentro “a la mayor brevedad posible” para aclarar las dudas que tengan. “El hecho de que hayamos tenido un Gobierno en funciones hasta mediados de enero ha impedido que se haya convocado esta reunión, en la que remarcaremos que el decreto no interfiere en la zona de dominio público”, ha apuntado la consejera, que estuvo acompañada en la reunión por María del Carmen Compagni, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Consejería, ha contado con la presencia de representantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-No (AUAN), de la asociación SOHA de Málaga, de Pavip de Vejer de la Frontera (Cádiz), de las urbanizaciones de Carmona y de la Federación Extrarradio y la Asociación Chifra de Chiclana. La consejera les ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz, que “desde el primer minuto ha buscado fórmulas que pusiesen freno a una situación insostenible para miles de familias andaluzas que se encontraban en un limbo jurídico”.

La solución, “que no es una amnistía pero sí da respuesta a muchas de las demandas de los afectados”, ha indicado Marifrán Carazo, ha llegado a través de este decreto ley que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos y VOX).

El decreto ley pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de los procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.

El primer pilar del decreto ley es la ampliación de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir la infracción, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Aceptada la posibilidad de la declaración de AFO para viviendas aisladas en general, la Junta se había negado hasta la fecha a admitir dicha declaración para las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones). Ahora estas viviendas se podrán acoger al decreto ley. 

 

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

En segundo lugar, con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Antes había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de la entrada en vigor del decreto, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.