Mallorca ha llegado al límite. El Consell insular reducirá el techo de plazas turísticas de las 430.000 actuales (308.000 del sector hotelero y unas 104.000 para el alquiler vacacional) a 412.000 con el visto bueno del sector. La decisión se toma en la antesala de un verano que se prevé histórico en toda España y concretamente en Andalucía, donde el consejero Arturo Bernal  ha asegurado que se espera contabilizar 1,5 millones de pernoctaciones más que en el mismo periodo de 2023, lo que equivale a un 7% de incremento, hasta alcanzar los 21,5 millones de estancias, y el recrudecimiento del debate sobre las consecuencias perversas de la actividad.

Precisamente Bernal sostuvo ante los medios de comunicación en una reciente visita a la capital gaditana, justo después de las movilizaciones registradas en Canarias para poner coto a la industria, que “no creo que podamos hablar de turistificación ni tan siquiera saturación” en la comunidad. Y recordó que “el turismo supone más del 15% del PIB (regional), da empleo a más 415.000 personas y una de cuatro familias (en la autonomía) viven del turismo”.

En este sentido, el presidente de Horeca, Antonio De María, lamentó esta semana la polémica en torno a la actividad en declaraciones a VIVA CÁDIZ, y recordó que el sector turístico sumó casi el 20%, concretamente el 19,54%, de los contratos registrados en el primer trimestre en la provincia, con Jerez, Cádiz, El Puerto y Chiclana, en este orden, a la cabeza. “Estamos por encima de la industria, la construcción o el campo, por encima de todo”, remarcó, pero, lamentó, “hay movilizaciones por conflictos en otros sectores y al turismo y la hostelería son objeto de debate por una presunta turistificación”.

Fuentes del Patronato Provincial de Turismo apuntan a INFORMACIÓN cuestionadas al respecto que “mantenemos distintas vías de diálogo con las principales asociaciones y otros agentes turísticos  y, por el momento, no tenemos ninguna petición respecto a este asunto ni constancia con datos propios sobre él”. No obstante, en el ámbito municipal, municipios como Tarifa o Conil han adoptado medidas para vigilar los alquileres y a los organizadores para acabar con actividades turísticas concretas como las despedidas de soltero “sin control”. Y en la capital gaditana, IU Cádiz ciudad ha pedido hace solo unos días un Pleno extraordinario para abordar la coyuntura, mientras que el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha reclamado en una tribuna abierta el pasado 2 de mayo “otro modelo de ciudad” que “no dé barra libre al turismo”.

José Antonio López, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (UCA), apunta a INFORMACIÓN en un correo electrónico que “los destinos turísticos litorales como es el caso de Cádiz han sido uno de los principales focos de desarrollo antes, durante y tras el boom inicial del turismo de mediados del siglo XX” y, aunque rebaja el nivel de alarma, admite “la posibilidad de que haya que considerar que en un futuro próximo pueden superarse ciertos límites de capacidad de carga del territorio debido a la masificación del destino Cádiz”.

Si bien no se encuentra en el centro de la polémica, López señala el impacto de los cruceros puede tener un mayor peso en Cádiz a la hora de prender el rechazo al turismo que cualquier otra actividad porque llega mucha gente en poco tiempo (entre los días 8 y 9 de mayo fueron 18.300 en seis buques) y los vecinos quizá sienta recelos” por la ocupación del espacio público.

En cuanto a las viviendas con fines turísticos, que están en el disparadero, después de que el alcalde de Cádiz, Bruno García, solicitara a la Junta de Andalucía la anulación de 277 licencias registradas en 2023, matiza que la ciudad es la cuarta en la provincia, aunque reconoce que su proliferación en un municipio con limitaciones urbanísticas afecta al mercado inmobiliario, abona la especulación y la gentrificación y se erige en competencia a los establecimientos hoteleros, reduciendo el número de empleos (los alojamientos reglados generan 17,9 puestos de trabajo directos por cada 100 plazas mientras que las VFT generan 2,2). “El modelo supera a la normativa”, advierte. De manera que apela a la regulación por parte de las administraciones públicas.

Y, en cuanto a la tasa turística, apuesta por reflexionar de manera sosegada. “Hay que determinar si conviene entre todos los actores, el modo en que se distribuye lo recaudado y a qué destinarlo”, explica.

En líneas generales, el también investigador del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) propone un nuevo abordaje del destino “bajo el precepto de destino turístico inteligente, que se apoya en cinco pilares”. Todos son importantes, pero se detiene en la sostenibilidad vinculada al medio ambiente, la economía y las consecuencias sociales. En este punto, incluye analizar la gestión del agua y los residuos ante los picos de una mayor demanda por los visitantes en fechas concretas del año, favorecer el transporte público, fomentar el abastecimiento de producto locales y el empleo de calidad, plantear la actividad como herramienta para reducir la desigualdad económica e involucrar en la toma de decisiones a las instituciones y la participación ciudadana.

El resto de ejes en la concepción del concepto turístico inteligente, la co-responsabilidad, innovación, la accesibilidad y tecnología, son igualmente fundamentales para garantizar la convivencia y combatir la turismofobia, mejorar el sector y evitar que se convierta finalmente en monoactividad.