San Fernando tiene una población censada que roza la cifra de los 100.000 habitantes, entre los que residen numerosas personas mayores y con necesidades especiales que son atendidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento isleño.
El PP llevará al próximo Pleno una moción en la que pide que la Junta de Andalucía tenga en cuenta esta situación, “ya que ante una crisis como la que estamos atravesando, los ayuntamientos no podemos soportar la carga económica a la que nos estamos enfrentando por la mala gestión de los dirigentes socialistas de la administración andaluza”.
La portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento, Carmen Pedemonte, hace hincapié en que el compromiso económico de la administración andaluza con los consistorios para que éstos cubran la atención de los Servicios Sociales “se incumple sistemáticamente y ni la administración autonómica ni la central cumplen con lo recogido en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales”.
Según Pedemonte, “el Plan Concertado recoge que cada una de las administraciones aporta un 33% de los recursos, pero la realidad de esta cuestión es bien distinta porque, como apunta el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe, la mayor parte de la participación es de los Ayuntamientos, con un 57%, si bien el Estado sólo aporta un 17% y la Comunidad Autónoma un 26%”.

La economía municipal
El PP destaca que “la mayor parte de las cargas recaen precisamente sobre los ayuntamientos, que son las administraciones con menos recursos económicos”.
 Es por ello, por lo que Pedemonte insiste en la necesidad de establecer un nuevo marco legal, que regule los Servicios Sociales en Andalucía.  Este nuevo marco legal “no debería de depender de las subvenciones anuales, como ocurre en la actualidad, ya que éstas no garantizan ni la continuidad en el servicio, ni la financiación al 100% de los programas, ni la estabilidad de los profesionales que participan de los mismos”.
 Por todo ello, la dirigente popular reclama que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España “tienen que cumplir con su parte y aporten el porcentaje conveniado en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas; que la administración autonómica garantice el 100% de todas las políticas de carácter especial; y que tenga en cuenta el criterio poblacional a la hora del reparto de los recursos”.
 Los Servicios Sociales del Ayuntamiento isleño reciben un gran número de peticiones de ayuda que se incrementa por la crisis económica.