La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, para su explotación laboral en diferentes campañas agrícolas de España.

Ha sido en la denominada Operación Urofort, iniciada el pasado mes en Fuerte del Rey (Jaén), en la que se ha detenido a 16 personas en diversas provincias. El Instituto Armado ha detectado a 145 víctimas y cree que hasta 600 podrían haber pasado por esta red, que conseguía unos beneficios de "en torno a un millón de euros al mes" al mantenerlas en situación de "semiesclavitud".

Vivían en condiciones "inhumanas" y con jornadas de trabajo "durísimas" y "sin descanso" por las que apenas cobraban de media "entre 150 y 200 euros mensuales", a pesar de que la mayoría de las empresarios españoles sí que pagaban lo legalmente establecido a la organización criminal, que actuaba como intermediaria para proporcionarle esta mano de obra.

Así lo han puesto de relieve este jueves la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; el coronel interino jefe de la Comandancia de la Guardia Civil jiennense, Luis Ortega, y el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la UCO, Javier Rogero Martín, quienes han dado cuenta en rueda de prensa de "una de las operaciones más importantes desarrolladas en España en los últimos años contra la trata de seres humanos con fines de explotración laboral.

Para ello, utilizaban la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España. Todo con el único objetivo de proceder a la explotación laboral de las mismas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como de aceituna, fresa, uva, etcétera.

Posteriormente, las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.

La operación se ha saldado con la detención de 16 personas, once de origen rumano, en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, todos ellos presuntos integrantes de la organización criminal investigada, los cuales realizaban labores de captación, traslado y control de las víctimas. Entre ellas, también se incluyen cinco empresarios españoles que actuaban en connivencia con esta organización.

De las más de 145 víctimas detectadas, se ha conseguido identificar y liberar a 18 de ellas, todas de nacionalidad rumana y moldava, siendo posteriormente trasladadas a distintas ONG. Los responsables de la Guardia Civil han añadido, además, que hay un segundo tipo de víctimas, en alusión a la mayoría de empresarios que pensaban que estaban realizando contrataciones legales y abonaban el salario según convenio a la organización criminal que actuaba como empresa intermediaria.

FALSAS OFERTAS

La organización desarticulada, además de utilizar el método del engaño, también utilizaba el sistema de realizar ofertas de trabajo en Internet, por medio de las cuales captaba a sus víctimas y las engañaban con falsas promesas de empleo en adecuadas condiciones de trabajo.

El ámbito geográfico de actuación, en el que operaba el grupo investigado, abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada.

De esta manera, la investigación se centró en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz y Huelva, aunque derivaron otras vinculaciones a nivel nacional e internacional, por lo que se contó con la colaboración en la investigación de miembros de Europol especializados en este tipo de ilícitos penales.

Los captadores de la organización aseguraban a las víctimas que, una vez en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto laborales como de vida, algo que posteriormente se incumplía, viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer.

DEUDAS

A las víctimas de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original y les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, con el fin de simular una situación de estancia regular en el país. Tanto Rogero como Ortega han hecho hincapié en la deuda que la organización iba repercutiendo en las víctimas desde el mismo de su captación, ya que, por ejemplo, se encargaban del transporte a España con un precio muy superior al de mercado.

Igualmente, ya en España, les repercutían gastos como el traslado "hacinados en furgonetas" y "casi peor que si fueran ganado" desde los espacios donde "malvivían", a veces en naves o poblados chabolistas, hasta el tajo o con "una especie de súper mercados paralelos" creados por la misma organización en la que los productos también multiplicaban su coste "por tres o cinco". Todo ello, finalmente, era descontado del salario, de modo que al mes podían cobrar de media unos 150 euros.

Los principales miembros de la organización disfrutaban de un alto nivel de vida, llegándose a acreditar a la largo de la investigación, que este grupo criminal podía llegar a facturar mensualmente más de 1.000.000 de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.

También han sido intervenidos cinco vehículos, con los que la red realizaba los traslados de las diferentes víctimas, así como otros dos de alta gama, utilizados por los líderes de la organización para sus diferentes desplazamientos.

Finalmente se han llevado a cabo 15 registros, cuatro de ellos en explotaciones agrarias en las que las víctimas estaban siendo explotadas laboralmente. Para estos registros se contó con la colaboración de personal del Ministerio de Trabajo que apoyaron y complementaron el trabajo de los agentes actuantes en el dispositivo.

GRUPO CONJUNTO

Esta operación ha sido llevada a cabo por un grupo conjunto de trabajo formado por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén y la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huelva, Albacete, Córdoba y Badajoz, contando con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial y de expertos en el trato y toma de declaración de víctimas.

Se han practicado 150 declaraciones a potenciales víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, para lo que fue necesario contar con el apoyo de más de veinte traductores del idioma rumano/moldavo, dado que gran parte de las víctimas no entendían el idioma español.

Uno de los mayores logros de la investigación es que, gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de Trabajo, actualmente, una parte de las víctimas del delito investigado se encuentran trabajando y se han integrado plenamente en el ámbito laboral, gracias a la colaboración de ONG y de un empresario del ámbito de la explotación de los frutos rojos en la provincia de Huelva.