El Gobierno de José Luis Sanz ha vuelto a cosechar una nueva derrota, esta vez más que previsible, tras rechazar toda la oposición la ordenanza que pretendía regular la tasa de residuos, que debe entrar en vigor el próximo mes de abril, un texto que contaba con numerosos reparos al no cumplir con el objetivo de que “el que contamina, paga” y por la doble fiscalidad detectada. Sin tasa de residuos, el Ayuntamiento incumplirá la Ley aunque una de las soluciones que ha propuesto el delegado de Hacienda es pedirle a la ministra “que nos haga un Jaén y nos condone el impuesto”.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha tratado en su intervención de defender que la tasa es una imposición del Gobierno central, que no hay “en ningún caso doble imposición del mismo hecho imponible” aunque sí “confusión, pero la crea la ley, no la tasa”, decía, y cargaba directamente contra la oposición, a la que culpa de que no se aprobara la ordenanza. Y era especialmente crítico con el PSOE, al que le decía que tenía “la cara de cemento” por acusarles de “no haber hecho los deberes” cuando ellos en ocho años no hicieron nada.

Bueno, que señalaba a los socialistas especialmente por poner en riesgo los presupuestos de Lipasam al no poderse recaudar los 26 millones de costes que estimaba la ordenanza de residuos, metiendo en el mismo saco los baldeos o la limpieza de la ciudad, que no contempla la Ley LRSC, anunciaba que ya estaban buscando “todas las fórmulas legales posibles” para conseguir financiación e invertir en el tratamiento de residuos, que antes había reconocido que requería “grandes niveles de inversión para llegar a niveles óptimos de calidad en la gestión y el tratamiento de residuos”, y en “reorganizar” la ordenanza para que entre en vigor en 2026 contemplando las dos tasas, la actual de basura y la de residuos.

Sobre las consecuencias legales, reconocía que “no sé cuales habrá, tendremos que preguntar qué ocurre cuando se incumple la Ley por culpa de una oposición irresponsable” pero instaba al PSOE a “pedirle a la señora Montero (ministra de Hacienda) que nos haga un Jaén (en referencia al pacto que llevó a los socialistas a quitarle la Alcaldía al PP), que nos condone el impuesto y nos ponga el dinero para cubrir esa tasa deficitaria”.

Fuera del Pleno, Bueno reconocía que el escenario en el que trabajan no es el volver a negociar la misma ordenanza tras el rechazo en el Pleno para aprobarla antes de que se cumpla el plazo, aunque no descartaba que si lo llamaban, negociaría, y que su objetivo era conseguir los diez o doce millones que se calculan que son los costes deficitarios, más los más de 9 millones del impuesto de residuos que sí deben abonar a la Junta y que reclamarán que revierta en forma de infraestructuras.

La oposición volvió a reiterar el mismo posicionamiento que ha tenido desde que les llegó el texto de la ordenanza. Por el PSOE, Sonia Gaya les insistía en algo que Bueno consideró “inaudito” y “malabarismo político”, que estaban de acuerdo con la Ley pero no con la ordenanza, puesto que ni cumple con el objetivo principal (el que contamina, paga) e incentivar el reciclaje, y que hay serias dudas del coste real que incluye una tasa que debe asumir el Ayuntamiento “porque es el titular de la gestión” de los residuos.

“No han hecho los deberes a tiempo”, les decía Gaya reprochándoles el “mantra” de culpar al PSOE de todo cuando podían haber exigido a la Junta que repercutiera el dinero que ha recaudado “en prepararse”.

También recordaba Vox que Juanma Moreno “se apresuró” a regular en la Ley de Economía Circular andaluza lo que dictaminaba la Ley estatal que establecía esa tasa y acusaba a PP y a PSOE de ser “los grandes promotores de las políticas climáticas” que asegura sólo quieren subir impuestos y “destrozan las expectativas de desarrollo de las empresas y empeoran” la calidad de los ciudadanos.

Para Con Podemos-IU, el resultado de la votación, según Susana Hornillo, ponía en evidencia que Vox, como socio del PP, mantiene su negacionismo climático, y que el Gobierno de Sanz había traído la ordenanza al Pleno como “una puesta en escena para repartir culpas” cuando a su juicio lo que no están es “comprometidos” con los objetivos de la Ley.

Según Hornillo, si hubiera habido un verdadero compromiso, “la ordenanza hubiera salido adelante”, apuntándole al Gobierno del PP que la responsabilidad “es suya”.