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Sábado 20/04/2024  

Ecologistas denuncian a la Junta ante la UE por el futuro Decreto de Parques Naturales

Esgrimen el "manifiesto incumplimiento" del derecho comunitario que supondría el nuevo Decreto

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Ecologistas en Acción ha remitido una denuncia contra la Junta de Andalucía a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión de las Comunidades Europeas por el "manifiesto incumplimiento" del derecho comunitario que protege a 23 de los 24 parques naturales de Andalucía que puede suponer la aprobación del futuro Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.
Según ha manifestado la organización ecologista en un comunicado, con este Proyecto de Decreto la Consejería de Medio Ambiente "pretende reducir la protección en estos parques naturales imponiendo los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de los municipios por encima de las normas de protección de estos espacios naturales, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).
Tal y como afirman los ecologistas, esta "desprotección" afectaría a los 24 parques naturales andaluces, de los que 23 están declarados por la Unión Europea (UE) Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 21 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En su denuncia, Ecologistas en Acción expone los trámites que está realizando Medio Ambiente para aprobar este documento, que, según aseguran, "viene a abrir los parques naturales a la especulación urbanística y a la corrupción que le suele acompañar".
Asimismo, en el escrito advierten a las autoridades comunitarias que mediante este Decreto el Gobierno andaluz "pretende incluir cambios sustanciales" en la normativa de estos espacios declarados como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como en sus instrumentos normativo de planificación (PORN y PRUG), con el objetivo de "rebajar el nivel de protección debido a la presión ejercida por empresarios y alcaldes para favorecer la construcción de viviendas y equipamientos turísticos en los parques naturales".
La modificación normativa de mayor alcance, según los ecologistas, es la pretensión de modificar el nivel de prevalencia entre la normativa de protección de los parques naturales (PORN y PRUG) y los planes urbanísticos de los municipios incluidos en estos espacios protegidos (PGOUS), lo que vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una norma básica estatal de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas.
Igualmente, advierten que este Decreto vulnera varias directivas comunitarias, como son la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, y las Directivas 79/409/CEE y 2009/147/CE relativa a la Conservación de las Aves silvestres, así como la Decisión 2006/613/CE de la Comisión Europea por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
Ecologistas en Acción también denuncia la actitud "antidemocrática" de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que "impidieron la votación de las alegaciones al Decreto que presentaron los representantes ecologistas en las distintas Juntas Rectoras de los parques naturales, supuestos órganos de participación social".
FINANCIACIÓN EUROPEA, "EN PELIGRO"
También se adjunta a la denuncia la reciente Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en la que éste insta al Gobierno andaluz a modificar dicho Decreto por entender que "vulnera el Título primero de la Constitución y el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente sobre el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y sobre el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad".
Del mismo modo, recuerdan que el Defensor del Pueblo destaca que esta futura regulación es "inapropiada para la protección del medio , habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios naturales de nuestra región".
Los ecologistas destacan que un expediente contra la Junta de Andalucía por esta posible infracción del derecho comunitario podría conllevar "no sólo la obligación de modificar dicho Decreto, sino el bloqueo de la financiación comunitaria a planes que se desarrollan en los parques naturales, como son los proyectos LIFE e Interreg".

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