Las cuatro de la tarde del 1 de abril de 2009. La Policía Nacional, previa denuncia del Ayuntamiento de San Fernando, procede a la detención de Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis (cajeros municipales) por un presunto delito de malversación de fondos valorado en 468.000 euros. Era sólo la pequeña punta de un iceberg de lo que quince días más tarde se convertiría en el mayor escándalo económico de la historia de la democracia en La Isla: la desaparición, el robo o el desfalco de más de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal.

En efecto, hoy se cumple el primer aniversario de una noticia que sacudió al ciudadano de a pie de La Isla y su contorno y que, lejos de haberse aclarado, sigue sembrando muchas dudas. Doce meses más tarde se vive un compás de espera y silencio que no hace sino alimentar aún más el ya de por sí mar de dudas existente y, sobre todo, lo más importante: un año más tarde siguen sin aclararse las cuentas municipales.

Y no se aclaran porque en todo este tiempo no se ha ejecutado una de las mociones que fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno y por mayoría absoluta de los tres grupos políticos (PA,PP y PSOE) cuando saltó a la luz pública todo el escándalo. Se trata de la realización de dos auditorías externas, la primera de ellas para aclarar la realidad económicas de las arcas del Ayuntamiento y, la segunda, relativa a su gestión. A ello hay que unir un documento que también se antoja definitivo en todo este entramado como es el informe de la Cámara de Cuentas, que determinará qué cantidad exacta es la que falta. Ni que decir tiene que fue dicho organismo el que en una inspección rutinaria dio la voz de alarma sobre lo que estaba sucediendo en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento isleño.

El robo de la Caja Municipal está teniendo una incidencia directa en el día a día de San Fernando, puesto que ha obligado al Ayuntamiento a estar trabajando con un presupuesto prorrogado desde el año 2008 para no tener que asumir dicha deuda de 7,8 millones de euros. La ciudad funciona a base de modificaciones de créditos y no con las cuentas reales que debiera de tener. En definitiva, no se está trabajando económicamente al ritmo que marca la situación económica actual, lo que exigiría menos gastos.

El único imputado
Han pasado 365 días de cruce de declaraciones interesados entre formaciones políticas, elucubraciones de todo tipo y para todos los gustos según convenga, investigaciones policiales (aún hoy vigentes), el levantamiento del secreto sumarial y, por el momento, lo único que se saca en claro es que Clemente Ruiz García, uno de los cajeros imputados desde el primer día, cumplirá dentro de cuatro días su quinto mes encerrado en Puerto II a la espera de que su abogado, José Ignacio Quintana, presente el recurso contra el auto judicial que decretó su ingreso en prisión el pasado 5 de noviembre.

Un auto de encarcelamiento que la juez instructora motivó en base a la posible destrucción de pruebas y por un claro riesgo de fuga de Clemente Ruiz. Cabe recordar que las investigaciones se han centrado básicamente en la figura del cajero municipal, su nivel de vida de los últimos años y su vinculación con una familia marroquí con la que compartía vecindad en la zona de Camposoto. Los agentes llegaron incluso a registrar el pasado 20 de noviembre las propiedades de dicha familia magrebí tanto en San Fernando como en Chiclana para buscar pruebas que le vincularan con el funcionario municipal.

Las principales pesquisas que llevaron a los encargados de la investigación a fijarse casi en exclusividad en Ruiz García se sustentaron en la elaboración de las Hojas de Caja diseñadas por el propio cajero; el cobro de talones para hacer frente a pagos en metálicos de Bienestar Social que firmaban el interventor y la tesorera para lograr dinero en efectivo que siempre era superior al necesario; el acto nivel de vida que llevaba para su sueldo como cajero; y la falsedad documental en la elaboración de facturas de una inmobiliaria de su propiedad en las que usaba datos de personas que realizaban operaciones en Economía y Hacienda. Por otro lado, el pasado 12 de marzo quedó visto para sentencia el juicio en la vía contencioso administrativa por el que Clemente Ruiz solicitaba recuperar su puesto de trabajo.

Dejación de funciones
Eso sí, el secreto del sumario dejó también bastante claro la dejación de funciones que hubo en la escala de mando para que se llevase a cabo semejante robo, así como el desbarajuste existente en el área de Economía y Hacienda, lo que suponía una clara negligencia toda vez que no se estaban llevando a cabo los controles básicos que marca el reglamento.

Toda esta situación derivó en el hecho de que el pasado 10 de abril más de 2.000 personas se echaran a la calle reclamando responsabilidades políticas por todo lo que había acontecido.

CRONOLOGIA
1 de abril 2009
Clemente Ruiz y María José Lebrero son detenidos por un presunto delito de malversación de fondos tasado en 468.000 euros. Ambos saldrían en libertad con cargos tres días más tarde.

15 de abril de 2009
Se da a conocer que las cantidades que han sido robadas de la Caja Municipal en los últimos años -supuestamente desde el 2004-, superan los 7,8 millones de euros.

5 de noviembre de 2009
La juez instructor del caso decreta, tras varias horas prestando declaración en el Juzgado isleño, el ingreso en la prisión de Puerto II del cajero Clemente Ruiz García por una posible destrucción de pruebas y también ante el riesgo de fuga. María José Lebrero queda en libertad con cargos.

20 de noviembre de 2009
Los agentes encargados de la investigación llevan a cabo un registro en varias viviendas y locales propiedad de la familia marroquí a la que se relaciona con el imputado.

2 de diciembre de 2009
Se decreta el levantamiento del secreto del sumario y las primeras estimaciones apuntan a Clemente Ruiz como único autor del desfalco sufrido por el Ayuntamiento isleño sobre la base de una serie de pruebas relacionadas con su nivel de vida.

10 de diciembre de 2009
La Plataforma ‘Responsabilidades Políticas ¡Ya!’ convoca una manifestación por las calles de La Isla que congrega a más de 2.000 personas para protestar por la situación de la ciudad. Comenzó en la zona de La Glorieta y finalizó en la plaza del Rey.

12 de marzo de 2010
Se celebra en Cádiz el juicio por la vía contencioso-administrativa a través del cual Clemente Ruiz García pretende que se le devuelva su puesto de trabajo como cajero, ya que fue suspendido de empleo y sueldo.