El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a tres hombres acusados de un delito de contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico por el cultivo de 511 plantas de marihuana en dos viviendas del barrio almeriense de Torrecárdenas, donde también se encontraron siete cajas de ampollas anabolizantes destinadas a su comercialización.

Según el fallo, dictado en firme tras la conformidad de las partes, los sospechosos habían sido sometidos previamente a vigilancia policial ante los indicios de que pudieran estar dedicándose al tráfico ilegal de estupefacientes en dos pisos de la calle Mirambel y otra vivienda más en la calle Austria de la capital.

La sentencia, consultada por Europa Press, detalla que tras la orden de entrada y registro dictada por un juzgado de la capital, los agentes pudieron acceder a las viviendas en las que encontraron a dos de los acusados así como diferentes sustancias, entre ellas, dos bolsas de cogollos de marihuana, una bolsa con polen de hachís y 21 ampollas de un medicamento cuyo principal activo es una hormona sexual anabolizante.

Sobre el medicamento, el texto judicial señala que su uso requiere una receta médica previa "sin que pueda destinarse para aumentar el rendimiento físico en personas sanas" de forma que dispensarse "sin haberse observado las garantías para ello y sin control médico supone un grave riesgo para la salud pública".

Junto con los otros dos inmuebles, los agentes hallaron 511 plantas de marihuana, con lo que el total se aprehendieron de 7,5 kilos de estupefaciente en seco. El fallo da como probado que los tres acusados se dedicaban por igual al cultivo de marihuana para su venta posterior o donación a terceros, de modo que las viviendas de calle Mirambel era donde la plantación se mantenía y cuidaba.

Además, para poder fomentar el crecimiento de las plantas, los acusados se habrían abastecido de energía eléctrica mediante un enganche ilegal.

A todos ellos, el juez impone un año y medio de prisión y el pago de una multa de 40.000 euros por el delito contra la salud pública así como tres meses de multa a razón de tres euros diarios por la defraudación energética, si bien al acusado de poseer los anabolizantes le añade seis meses más de cárcel y una multa adicional de dos euros diarios durante un semestre. El magistrado accedió a la suspensión de las penas privativas de libertad durante dos años con la condición de que no volvieran a delinquir en ese periodo de tiempo.