Empresarios critican un "cambio de criterio" para explotar canteras

Publicado: 19/07/2018
La Asociación de Empresarios del Mármol han alertado que se exige la aportación de aval bancario millonario que cubra todo el periodo de concesión
La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) han alertado este jueves de la "asfixia económica" a la que se ven expuestos ante un "cambio de criterio" en la aplicación de normas sobre las garantías financieras para la restauración de las canteras de Macael (Almería) tras su explotación, ya que según han señalado, desde el Gobierno autonómico se exige la aportación de aval bancario millonario que cubra todo el periodo de concesión de las canteras frente al trámite actual, por el que las aportaciones económicas para la restauración de canteras se hace en base a la cantidad de piedra natural extraída.

En rueda de prensa, el presidente de AEMA, Antonio Sánchez, ha apuntado que este "cambio de criterio" por parte del departamento de Minas de Almería afecta a la tramitación de expedientes en las explotaciones mineras de la zona, de tal forma que "podría provocar la pérdida de 1.200 empleos" entre canteros y empresas del sector, según los cálculos realizados por la entidad.

En este sentido, Sánchez ha apuntado que hasta ahora los empresarios "cumplen con la legalidad" en base a una Instrucción emitida por la Dirección General de Energía, Industria y Minas de Andalucía en enero de 2015, de modo que fue en junio del pasado año cuando comenzaron los contactos con la Delegación Territorial de Conocimiento en Almería en base a ese "cambio de criterio" que tendría su origen en la aplicación de una norma de rango superior, en concreto, un Real Decreto de 2009 por el que se exige el aval bancario como garantía para la restauración de las canteras.

Hasta ahora, y en función del plan global de restauración de la Sierra de Macael que cifraba en 18 millones de euros el coste de la rehabilitación de las canteras, las empresas explotadoras pagaban un canon al Consistorio en función de la cantidad extraída en base a un cálculo previo, de forma que esa recaudación es la que se destinaría a una posterior restauración del espacio finalizada ya la explotación por parte de todas las mercantiles intervinientes. Dicha suma global también contempla actuaciones de restauración ante acciones anteriores en el terreno.

El presidente de AEMA ha asegurado desconocer los motivos por los que casi tres años después de la introducción de la Instrucción de la Junta se modificaron las normas; una cuestión que trasladó por última vez la pasada semana a la delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, a la que manifestó que no se entendía que "la renovación de cargos dentro del departamento supusiera un cambio de criterio".

Según Sánchez, el departamento de Minas de Almería ha cuestionado los contratos de arrendamiento con la administración local, el método usado para la ejecución de voladuras así como el cálculo que se aprobó con la Instrucción y la propia Instrucción de 2015.

COSTE DE 13 MILLONES 

Para la patronal del mármol, los cambios introducidos tendrían consecuencias económicas "fatales" para el sector y únicamente reportaría beneficios a la banca, ya que según sus cálculos, el coste financiero en base a las cantidades solicitadas por dicho cambio "está en torno a los 13 millones de euros" si se tiene en cuenta que la renovación de las concesiones de las canteras es por 30 años "siendo la única beneficiaria la entidad financiera".

Con esto, desde AEMA se tiene constacia ya de unos "12 o 14 expedientes" que se mantendrían bajo una situación de "bloqueo" por esta circunstancia, de forma que a algunas les ha llegado la propuesta de resolución proponiendo para su resolución firme el "cambio de criterio", lo que conllevaría un "grave riesgo" para la viabilidad de las empresas.

Ante esta situación, la patronal ha reclamado al delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, que "resuelva contra el cambio de criterio" propuesto por el departamiento de Minas de Almería, puesto que, según han señalado, la propia directora general de Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González, se habría mostrado a favor de la tesis de los empresarios en una reunión mantenida en febrero de este año, según la versión de Sánchez, en la que habría "ratificado de forma contundente" el método de aportación de garantías seguido hasta la actualidad, con aportaciones a razón de material extraído.

Sánchez, que ha estado acompañado durante su comparacencia por el presidente de Asempal, José Cano, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez, ha incidido además en que cuentan con dos informes jurídicos que corroboran su postura, uno de ellos emitido por los servicios jurídicos de la Junta y otro del Colegio de Minas del Sur.

"INDEFENSIÓN JURÍDICA" 

Para los empresarios, el cambio de postura a la hora de hacer una "interpretación" de la ley y hacer "prevalecer una decisión técnica" frente a otra dentro de la propia Administración autonómica "producen una indefensión jurídica clara", por lo que han instado nuevamente al delegado de Empleo a que se decante por facilitar el procedimiento seguido hasta el momento y no obligue a la solicitud de avales bancarios.

"Las leyes se hacen con un objetivo y un espíritu, y el que tiene que hacer cumplir la ley tiene que hacer cumplir ese objetivo y ese espíritu", ha incidido el representante de Asempal, quien ha asegurado que con el procedimiento de pago bajo volumen extraído "se cumplen las leyes" y se garantizan la restauración ambiental de las canteras mientras que con el "cambio de criterio" se "pone en riesgo el empleo y a un sector económico tan importante como el del mármol".

En la misma línea, Martínez Cano ha trasladado su "apoyo incondicional" a AEMA, quien ha reclamado una "reflexión profunda" para "no quedarnos en los detealles e ir al fondo de la cuestión" ya que con el sistema actual la ley se "cumple" y se puede "rehabilitar el paisaje". "Vamos a crear un conflicto absurdo", ha asegurado antes de apelar a la "sensatez, sentido común e inteligencia" de las partes.

Desde AEMA han asegurado que adoptarán "todas las medidas necesarias" en cumplimientos de sus estatutos para en defensa de los intereses de sus asociados y del sector, que supone uno de los pilares de la economía almeriense junto a la agricultura y el turismo.

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