El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha desligado de las contrataciones que realizan las empresas adjudicatarias de los talleres socioculturales de los distritos ya que recuerda que, tal como marca la normativa, la subrogación del personal o su contratación no está entre las competencias municipales y ha criticado que Cs pretenda establecer "una especie de lista negra de presuntos militantes del PSOE que no se pueden contratar en ninguna cuestión con una empresa ajena al Ayuntamiento y en unos servicios como los de talleres".
Espadas ha respondido así al ser preguntado en el transcurso del Pleno por el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, sobre si "todas" las contrataciones de los talleres son legales y si se ajustan "a los principios éticos", al asegurar que en el Distrito Sur se ha subrogado a "una socialista muy activa" que no tenía ese compromiso de permanencia y no a las tres trabajadoras que sí lo tenían y que "han sido sustituidas por otros tres afiliados a este partido".
Al respecto, Espadas ha explicado que no se puede "imponer" desde la administración local la subrogación de los trabajadores, sino que depende de la normativa o del convenio, algo que asegura que se ha explicado a los trabajadores. "No confunda a la gente. Si no tengo facultad de esa subrogación, ¿puede explicar cómo voy a entrar en la afiliación política de esas personas que contrata la empresa?", advierte.
Sin embargo, Pimentel ha calificado esta explicación como una "excusa" y se pregunta si la situación es fruto de la "casualidad", acusando al PSOE de "artimañas partidistas para colocar a gente del partido". Ante ello, Espadas incide en que son personas amparadas por la Ley de Protección de Datos y "su afiliación debe ser secreta".
"Las empresas contratan para bien o mal y no sé si los perfiles son mejores o no que otros, pero no permitiré que establezca una especie lista negra de presuntos militantes del PSOE que no se pueden contratar en ninguna cuestión con una empresa ajena al Ayuntamiento", recalca, agregando que Cs "tiene mucho que callar en cuanto a sus políticas de contratación en toda España y no están en condiciones de dar lecciones" porque "de nueva política ya poquito".
UNAS 200 INSPECCIONES Y MÁS DE 100 MEDIACIONES EN VIVIENDAS
Las preguntas de la oposición en el Pleno han continuado con el turno de la portavoz de Vox, Cristina Peláez, quien ha pedido un "mayor esfuerzo" a las instituciones públicas ante las ocupaciones de vivienda, asegurando que la Junta de Andalucía admite que tiene más de 300 pisos ocupados en Sevilla y que la empresa municipal Emvisesa contaba con "262 casos de ocupados ilegalmente, habiéndose presentado 44 expedientes penales por usurpación".
Espadas ha aclarado que actualmente Emvisesa cuenta con 27 viviendas ocupadas, aunque todas están en procedimiento de solventar su situación. Así, detalla que hay "siete en proceso de apelación, tras la condena a sus ocupantes; una será entregada voluntariamente tras la sentencia a favor de Emvisesa y 13 se encuentran en proceso de lanzamiento. Recuerda que se comprueba siempre si los ocupantes reúnen requisitos para tener un informe de excepcionalidad por su situación económica y social.
Además, ha desgranado las iniciativas que se realizan en la materia, como las acciones preventivas y correctivas puestas en marcha desde 2015, la creación en octubre de 2017 de la comisión de seguimiento de ocupaciones irregulares, mesas de trabajo e intervenciones con la Policía sobre usos no adecuados del espacio o la creación de agentes de proximidad para la coordinación con Emvisesa para detectar casos de ocupación.
En un año, estos agentes de proximidad han realizado más de 4.300 visitas para evaluar el estado de 34 promociones de alquiler de Emvisesa y han hecho 181 inspecciones y 114 mediaciones ante conflictos vecinales. Espadas añade que todas las viviendas operativas están adjudicadas y aquellas que están en proceso de entrega o de arreglo cuentan con puertas y ventanas antivandálicas y alarma de seguridad, evitando su ocupación. "Se han recuperado seis viviendas en negociación con asaltantes y entre 2015 y 2018 se han abierto 61 procedimientos judiciales, recuperando 40 viviendas".
REMUNICIPALIZACIÓN DE LA AYUDA A DOMICILIO
Por otra parte, la pregunta de Adelante Sevilla, realizada por la edil Sandra Heredia, se ha centrado en el avance de la comisión de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que "ya no se reúne", y en el estudio de si las empresas adjudicatarias cumplen las cláusulas sociales marcadas. Recuerda que el Ayuntamiento "paga 16 euros la hora, pero las trabajadoras reciben entre cuatro y cinco euros", a la par que llama la atención sobre sus condiciones laborales.
Al respecto, Espadas que espera que la citada comisión siga avanzando y pueda concluir su trabajo "en un sentido u otro" y, en cuanto a las adjudicatarias, deja claro que "no vamos a permitir que nos tomen el pelo, que se contrate una cosa y después hagan otra".
Explica que se les ha pedido a las empresas documentación para ver si cumplen los pliegos y serán penalizadas las que no lo hagan, tal como recogen los propios pliegos. Además, advierte de que el Ayuntamiento se centra en el cumplimiento de dicho pliego, por lo que la mejora de las relaciones laborales de los trabajadores y las empresas queda en el marco del convenio del sector y de las negociaciones internas propias en estos casos.
